domingo, 18 de marzo de 2012

Taller # 17


La soberanía ya no puede ser el “caballito de batalla”

La decisión de la Corte Constitucional de declarar exequible la ley con la que se aprueba el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos no solo le da luz verde al acuerdo comercial. Pese al salvamento de voto del magistrado Jaime Araújo, el fallo sienta un precedente para los futuros acuerdos comerciales que los gobiernos nacionales pretendan concretar.

Luego de que la CUT, el congresista Jorge Enrique Robledo, diversas organizaciones y gremios y personas naturales se mostraran en contra del acuerdo, la Corte señaló que desde que no se vulneren las competencias de los órganos del Estado, tenga plena vigencia la Constitución Nacional y los jueces de la República tengan la facultad para proteger y garantizar los derechos de las personas, el TLC no va en contra de la soberanía nacional.

Eso es claro. Si no se modifica la Constitución, y no se limitan las competencias de los principales organismos del Estado, no hay lugar a que los críticos del acuerdo prendan las alarmas por la supuesta pérdida de soberanía en la que incurría el país si firma este o cualquier otro acuerdo comercial.

¿Qué habría pasado si en lugar de Estados Unidos, fuera Uruguay el país con el que Colombia pretendía firmar un TLC? ¿Será que las mismas voces se habrían levantado en contra de la decisión del gobierno?

Si bien hay que tener en cuenta el poderío comercial estadounidense no se le puede echar la culpa de todos los males al TLC. De hecho, las condiciones previas de iniquidad comercial en las que se aprobó el acuerdo no son culpa de Estados Unidos, sino de las históricas fallas de los gobiernos en el desarrollo de la infraestructura, la industria y el apoyo a la innovación e identificación de sectores competitivos.

Es más, la Corte asegura que el tratado es “perfectamente compatible con el Estado social de derecho, pues son todos los instrumentos de política económica y social en conjunto los que deben producir los efectos esperados en relación con el bienestar general de la población colombiana”. Además, señala que no encuentra vulnerados los principios constitucionales de equidad y reciprocidad, y que el TLC no trae consigo una condición desfavorable o inequitativa para Colombia.

Así como lo señaló el presidente de la Andi, Luis Carlos Villegas, la decisión de la Corte Constitucional demuestra que el TLC con Estados Unidos deja sin argumentos cualquier traba o preocupación por parte del congreso norteamericano, que todavía tiene dudas para aprobar el acuerdo, y ratifica que no se pone en peligro la soberanía nacional.



El Gobierno y la Corte dieron ejemplo en medio de la crisis con Venezuela

Los líos comerciales con Venezuela deben generar medidas de fondo, como la adoptada por el Gobierno de Juan Manuel Santos, y ratificada por la Corte Constitucional, que declaró exequible el propósito del Ejecutivo de favorecer los bienes y servicios nacionales para dinamizar la economía de las zonas fronterizas que se vieron afectadas por la intempestiva decisión del vecino país de suspender relaciones con Colombia.

Entre las medidas contempladas por el gobierno se encuentra excluir del impuesto sobre las ventas (IVA) la comercialización de varios productos dentro de los municipios afectados por la suspensión del comercio con Venezuela, como son alimentos, calzado, prendas de vestir, materiales de construcción, electrodomésticos y gasodomésticos.

Además, autorizó a la Dian a aceptar la cancelación de deudas propias por concepto de impuestos, sanciones e intereses, mediante la dación en pago de bienes inmuebles y muebles producidos en la zona limítrofe, y estableció medidas para que solo sean los ciudadanos afectados los que se beneficien de lo decretado por el Ejecutivo.

Aunque en su sentencia, la Corte pone de manifiesto que la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 tuvo desde el comienzo la intención de limitar el poder tributario del Ejecutivo durante los estados de excepción, le da la razón al Gobierno pues asegura que las medidas adoptadas eran necesarias para conjurar la crisis que dio lugar a la declaración de emergencia y evitar la expansión de sus efectos

Del mismo modo, la Corte señaló que los medios elegidos en el decreto son idóneos y conducentes para estimular la demanda interna de los bienes que se comercializan en la región con el fin de sustituir en alguna medida la demanda que usualmente proviene de Venezuela; sustituir la oferta de algunos bienes procedentes del vecino país y que incrementaron su precio como consecuencia del cierre de la frontera; y crear un alivio para los contribuyentes insolventes de la zona y así evitar su quiebra.

Pero quizá lo más importante del fallo de la Corte Constitucional es que hace claridad en que “los tributos no solamente son instrumentos que permiten obtener los ingresos requeridos para atender los gastos del Estado –función fiscal, sino que también son herramientas de intervención del Estado en la economía”.

Si bien, Colombia debe privilegiar la diplomacia a la hora de dirimir conflictos con los demás países, eso no exime a los gobiernos de tomar medidas para proteger los intereses de los ciudadanos. Mediante figuras como las exenciones, exclusiones y beneficios tributarios se puede estimular ciertas actividades económicas o determinadas regiones del país y así mejorar la calidad de vida de los habitantes. Siempre será actuar pronto y buscar soluciones, para que los más damnificados de las decisiones de alto nivel sean los más desprotegidos.



La Corte imparte clases de periodismo de opinión

El rifirrafe entre Angelino Garzón y el periodista Diego Martínez Lloreda no solo estuvo para alquilar balcón por sus múltiples instancias y por la decisión de la Corte, que les dio la razón a ambos en columnas diferentes, sino que abre la puerta a la discusión de hasta dónde va la libertad de opinión y hasta dónde el derecho a la privacidad y la honra de las personas públicas, tales como los funcionarios.

Pues bien, la Corte arranca por decidir que el periodista, quien en una columna de opinión titulada “La herencia de Angelino” lo culpó de un detrimento patrimonial que no demostró, debe rectificar lo que señaló pues, si bien la Constitución protege el derecho de los ciudadanos a la crítica y la opinión, esta debe estar fundamentada en hechos verídicos y verificables, lo que no ocurrió en el caso de Garzón.

En el aparte de su columna de opinión, Martínez afirma que días antes de dejar la Gobernación del Valle, Garzón pagó $23.000 millones por la construcción de la doble calzada Cali – Candelaria, y que por esta razón, contando los intereses, la Nación ya no estaría pagando $21.000 millones que costaba la obra inicialmente, sino $51.000 millones.

Como no pudo verificar lo que afirmó, y como el comentario no se hizo posterior a una acusación formal ante la justicia ordinaria, la Corte determinó que Martínez debe rectificar, con lo que da una importante lección a los columnistas y a los mismos medios de comunicación, que lanzan temerarias apreciaciones e imputaciones sin ser argumentadas ni demostradas.

Sin embargo, y frente a la columna del día 23 de mayo, en la que Garzón continuaba con su balance de la administración Garzón, la Corte estimó que la acción de tutela de Angelino Garzón era improcedente pues no violo el derecho a la intimidad del demandante ni al buen nombre ni a la presunción de inocencia.

Además, la Corte señala que aunque todas las personas gozan del derecho al buen nombre y a la honra, el análisis es diferente cuando se trata de una persona pública, pues el “ámbito de protección disminuye al existir un interés público relevante y ser exigible un mayor grado de tolerancia frente al cuestionamiento típico de la controversia política”.

Es decir, al hacer el balance de la administración Garzón, y al ser una columna de opinión, no un artículo informativo, Martínez podía usar los calificativos que quisiera y decir que la gestión de Angelino no estuvo a la altura, y, entonces, no procedía la rectificación.

En ese sentido, la decisión de la Corte es fundamental para el ejercicio de la opinión en Colombia y da luces sobre sus límites y garantías. Si bien no es justo, ni legal, hacer acusaciones a priori y sin ningún fundamento respaldado en el título de “opinión”, las tutelas tampoco se pueden convertir en la espada de Damocles para pretender restringir el derecho de los ciudadanos a opinar libremente sobre el asunto que les interese.


Taller # 8



El periodista Diego Martínez tendrá que retractarse de lo dicho en El País de Cali

Corte ordena rectificación de columna de opinión contra Angelino Garzón

La Sala Cuarta de la Corte Constitucional ordenó al periodista Diego Martínez Lloreda rectificar lo dicho contra el actual vicepresidente, Angelino Garzón, en la columna “La herencia de Angelino”, en la que aseguró que por la construcción de la doble calzada Cali- Candelaria el accionante pagó la suma de $20.574 millones más honorarios y gastos del proceso e intereses moratorios al final de su mandato”.

Según la Corte, el periodista hizo eco de hechos no comprobados en contra de Angelino Garzón, y no verificó la información, por lo que es responsable de lo dicho en la columna del 18 de abril de 2008, publicada en El País de Cali, así lo proteja el derecho a la opinión contemplado en la Constitución.

Garzón interpuso una acción de tutela y solicitó la rectificación a Martínez por cuanto aseguró que no es imparcial ni cierto decir que una semana antes de dejar la Gobernación canceló 23.000 millones por la vía, y que por esa razón, contando los intereses, la Nación ya no estaría pagando los originales $21.000 millones, sino $51.000 millones.

Por esta razón, y teniendo en cuenta que cualquier opinión que se emita en un medio de comunicación, tiene que estar fundamentada en hechos verídicos, Martínez tendrá que rectificar lo escrito en la columna, en condiciones de equidad, y el diario El País de Cali debe facilitar a Martínez los medios necesarios para que pueda hacer lo ordenado por la Corte Constitucional.

Sin embargo, la corte desestimó la petición que hizo Angelino Garzón de solicitar rectificación de lo escrito el 23 de mayo de 2008, en la que adujo que el periodista había violado sus derechos al debido proceso, honra y presunción de inocencia.

Al respecto, el Tribunal Superior del Distrito de Cali decidió el 18 de julio de 2008 que se debían proteger los derechos de Garzón y ordenó al periodista Diego Martínez rectificar la información de ambas columnas. A lo que el columnista presentó un recurso de apelación en el que señaló que las opiniones no podían ser rectificadas.

Finalmente, la Corte Constitucional determinó que las restricciones a la libertad de opinión,  cuando se trate de una opinión en el sentido estricto, no son conducentes en un Estado de Derecho, por lo que revocó la decisión del Tribunal de Cali en cuanto a la rectificación de lo dicho en el espacio “Hechos y desechos”.




Taller # 14


Noticia

El proceso se demoró casi 32 meses, pues el ISS no respondió petición a la reclamante

Corte falló a favor de ciudadana que solicitaba pensión de esposo difunto

Cerca de 2 años y 8 meses después de que María Regina Ramírez interpusiera un derecho de petición para que el Instituto de Seguro Social (ISS) le reconociera la pensión de sobreviviente, tras la muerte de su esposo, la Corte Constitucional se pronunció en su favor, revocó el fallo de un juez laboral del circuito de Bogotá y determinó que la compañía de seguros Positiva será la que se encargará del pago.

Todo empezó cuando el 7 de abril de 2009, mediante un derecho de petición, Ramírez le solicitó al Instituto de Seguro Social que le reconociera la pensión de sobreviviente a la que tenía derecho tras el deceso de su esposo, quien recibía este beneficio luego de ser declarado con invalidez de origen profesional.

Sin embargo, 26 meses después de haber hecho la solicitud y no haber tenido respuesta alguna, Ramírez interpuso una acción de tutela contra el ISS por haber vulnerado su derecho de petición, seguridad social, igualdad y mínimo vital y solicitando el reconocimiento y el pago de la pensión de sobrevivientes por la muerte de su compañero Luis Alejandro Molano.

Al respecto, el Juzgado Treinta y Tres (33) Laboral del Circuito de Bogotá, el cual asumió el caso, determinó que la tutela de Ramírez era improcedente por considerar que lo pretendido por quien solicitaba el amparo sólo podía ser dirimido por el juez natural, toda vez que el caso sometido a consideración por vía de amparo no correspondía a un asunto puramente constitucional.

Además, el Instituto de Seguro Social indicó que el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente le corresponde a la ARP Positiva y no al Fondo de Pensiones del ISS, puesto que el Gobierno Nacional determinó la cesión de activos y pasivos de la ARP ISS, a la Previsora Vida S.A, actualmente llamada Positiva Compañía de Seguros S.A.

Pese a ello, la Corte aseguró en su sentencia que no compartía los argumentos expuestos por el juez que revocó la tutela pues aunque la solicitud de la accionante estaba dirigida a lograr el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes por vía de tutela, éste debió interpretar los hechos y dirigir el análisis del asunto a la protección del derecho fundamental de petición.

Según la Corte, “dado que habían transcurrido más de dos años desde la fecha en que la peticionaria radicó su petición sin que esta recibiera respuesta, el Instituto de Seguro Social vulneró el derecho fundamental de petición, debiendo haber declarado el juez de instancia esta situación y ordenado la inmediata respuesta por parte de dicha entidad”. Por esta razón, revocó el fallo del Juzgado Treinta y Tres Laboral del Circuito de Bogotá.

Sin embargo, durante el trámite de revisión, la Corte recibió un pronunciamiento de  Positiva Compañía de Seguros S.A. en el que la firma reconoce la pensión de sobrevivientes a la señora María Regina Ramírez Calderón. Por esa razón, la Sala de la Corte decidió que no dará orden alguna en contra del Instituto de Seguros Sociales, dado que se superó el hecho que motivó la interposición de la tutela.

Finalmente, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, resolvió en la sentencia T-922 de 2011 que se revoca el fallo del Juzgado Treinta y Tres Laboral del Circuito, concede el amparo de tutela en relación con el derecho fundamental de petición y declara la carencia actual de objeto por hecho superado, tras la decisión de Positiva de reconocer la pensión de sobreviviente a María Regina Ramírez. 

Columna


¿Que disculpe?
Después de casi tres años de estar rogando al Seguro Social para que le reconociera la pensión de su difunto esposo, por fin la Corte Constitucional falló a favor de María Regina Ramírez, y señaló que no solo tiene derecho al beneficio que está reclamando, sino que puso en evidencia la lentitud y burocracia que afecta a las principales empresas públicas y revela un caso más de atropello contra los ciudadanos que, inermes, ven cómo sus procesos tardan meses y años.

Resulta que el esposo de Ramírez sufrió una enfermedad de origen laboral por la que fue declarado inválido. Años después murió y Ramírez pensó que a quien debía reclamar la pensión de su difunto marido era el Instituto de Seguro Social, por lo que interpuso un derecho de petición que, según la Constitución nacional, debe tener respuesta dentro de los siguientes 15 días.  

Pues bien, pasaron 26 meses y María Regina no recibía una respuesta por parte de la entidad, por lo que interpuso una acción de tutela contra el ISS por haber vulnerado su derecho de petición, seguridad social, igualdad y mínimo vital y solicitando el reconocimiento y el pago de la pensión de sobrevivientes por la muerte de su compañero Luis Alejandro Molano

¿26 meses? ¿Y acaso al ISS le importó que María Regina no tuviera una vivienda propia, que no tuviera hijos o algún familiar que no solo a cuidara sino que la mantuviera? Acaso le importó que no solo tuviera que lidiar con la muerte de su esposo, sin que durante más de dos años la mantuvo en la angustia de no saber si algún día le devolverían el sustento para su hogar?

Seguramente no, porque seguramente los derechos de petición que llegan a los escritorios de los jurídicos de este tipo de entidades permanecen allí durante meses, si no son desechados, esperando a que el afectado interponga un recurso ‘más radical’ contra ellos, que involucre serias demandas o multas, para que ahí sí las tengan en cuenta.

En esa ocasión, el Juzgado Treinta y Tres (33) Laboral del Circuito de Bogotá, el cual asumió el caso, determinó que la tutela de Ramírez era improcedente por considerar que lo pretendido por quien solicitaba el amparo sólo podía ser dirimido por el juez natural, toda vez que el caso sometido a consideración por vía de amparo no correspondía a un asunto puramente constitucional.

Además, el Instituto de Seguro Social indicó que el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente le corresponde a la ARP Positiva y no al Fondo de Pensiones del ISS, puesto que el Gobierno Nacional determinó la cesión de activos y pasivos de la ARP ISS, a la Previsora Vida S.A, actualmente llamada Positiva Compañía de Seguros S.A.

Pese a ello, la Corte aseguró en su sentencia que no compartía los argumentos expuestos por el juez que revocó la tutela pues aunque la solicitud de la accionante estaba dirigida a lograr el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes por vía de tutela, éste debió interpretar los hechos y dirigir el análisis del asunto a la protección del derecho fundamental de petición.
Según la Corte, “el Instituto de Seguro Social vulneró el derecho fundamental de petición, debiendo haber declarado el juez de instancia esta situación y ordenado la inmediata respuesta por parte de dicha entidad”. Por esta razón, revocó el fallo del Juzgado Treinta y Tres Laboral del Circuito de Bogotá.

Sin embargo, durante el trámite de revisión, la Corte recibió un pronunciamiento de  Positiva Compañía de Seguros S.A. en el que la firma reconoce la pensión de sobrevivientes a la señora María Regina Ramírez Calderón. Por esa razón, la Sala de la Corte decidió que no dará orden alguna en contra del Instituto de Seguros Sociales, dado que se superó el hecho que motivó la interposición de la tutela.

Aunque esta historia tuvo un final feliz, después de tantos y tantos meses de espera, es claro que no todos concluyen así. ¿No se evitaría el Estado los gastos de tiempo y dinero en los que se incurren por no atender las solicitudes de los colombianos y no se garantizarían los derechos de los ciudadanos de una manera más expedita? Con eso se evitarían bochornosos fallos como este que da la Corte y no tendrían que después decirle a los usuarios ‘qué disculpe’, cuando ya no sirve de nada.

miércoles, 14 de marzo de 2012

Ejercicio de la sentencia, explicada a Daniel

Antetítulo: Consejo de Estado le dio la razón al ex empleado de Canalycon

Título: Hombre ganó demanda contra Bbva Horizonte para que le pague pensión de invalidez

Sumario: El Consejo de Estado, la entidad que soluciona los problemas entre las personas y las empresas públicas, decidió que la empresa Bbva Horizonte sí debe pagar a un ciudadano un monto mensual para que viva dignamente, pues este ya no puede trabajar.

Jaime Alberto Andraus Peláez, que trabajó en Canalycon, una compañía que fue contratada por Empresas Públicas de Medellín, le ganó una demanda a Bbva Horizontes, con lo que esta última firma le tendrá que pagar una pensión a la que tenía derecho luego de que los médicos le dijeran que padece una enfermedad que reduce a la mitad su capacidad de trabajar. 

Bbva, la empresa demandada, había dicho que no tenía por qué pagar la pensión de invalidez, puesto que el empleado había incumplido con el dinero que tiene que pagar de su sueldo y que se destina a sus prestaciones. 

Sin embargo, el Consejo de Estado confirmó que Andaus sí había cancelado ese monto, cumplidamente, y que era la empresa donde trabajaba, Canalycon, la que no había entregado el dinero a la empresa que maneja los recursos de las pensiones. 

Canalycon aceptó que no había pagado lo que correspondía a la pensión del empleado, porque estaba en una mala situación económica. Finalmente, el Consejo de Estado le dio la razón al ex trabajador de la compañía, que empezará a recibir un 'salario' mensual con el cual podrá vivir y pagar sus gastos personales, pues por su enfermedad, ya no podrá trabajar en el horario y actividad a la que antes se dedicaba.
 

Taller # 7

Taller Nº 7
Natalia Morales Herrera

*¿Cuáles son las partes de la sentencia entregada hace 8 días?
Las partes son: Antecedentes, sentencia, recurso de casación, cargo único, réplicas, consideración, fallo.

*Según el manual de redacción de El Tiempo, ¿qué género periodístico es el más conveniente para trabajar cada una de las partes de esta sentencia?
Antecedentes: formato reportaje.
Sentencia: Noticia.
Recurso de casación, réplicas y cargo único: Entrevista.
Consideración y fallo: Noticia

*¿La sentencia que le fue entregada aparece en Internet?
Sí.

*En su criterio, ¿cómo debe ser la nueva percepción sobre la elaboración de textos informativos y de opinión? Los textos deben ser suficientemente claros, con enfoques novedosos y las fuentes diversas deben ser fundamentales.

*Con base en el manual de redacción de El Tiempo, elabore el antetítulo, el título, el sumario y el primer párrafo de la sentencia que tiene en su poder.

Judicial. Firma se negaba a asumir el pago a un ex empleado de Canalycon

Corte condenó a Bbva Horizonte en pleito por pensión de Invalidez

Sumario: La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia decidió revocar la decisión del Juzgado Quinto Laboral de Medellín, que había absuelto a EPM, Bbva y Seguros Aurora del pago de la pensión de invalidez a un ex empleado.

Jaime Alberto Andraus Peláez, ex empleado de Canalycon, firma contratista de EPM, ganó una demanda en contra de Bbva Horizontes por el pago de una pensión de invalidez a la que tenía derecho luego de que se le confirmara hipertensión infracraneana. La entidad se negaba a responder por cuanto el trabajador no cumplió con el periodo de cotización exigido para obtener el beneficio, sin embargo se demostró que quien no hizo los pagos correspondientes fue el empleador, que alegó dificultades económicas.

*Daniel tiene 10 años. Cuéntele a este niño la misma noticia de la sentencia con la misma estructura.

La compañía no quería reconocer que debía pensionar al ex empleado

Hombre  ganó demanda a Bbva Horizonte para que le pague la pensión de invalidez

Jaime Alberto Andraus Peláez, que trabajó en Canalycon, una firma que fue contratada por EPM, le ganó una demanda contra Bbva Horizontes, con lo que esta última firma le tendrá que pagar una pensión a la que tenía derecho luego de que los médicos le dijeran que padece una enfermedad que reduce a la mitad su capacidad de trabajar.

 Taller 12: suba a su blog el taller 7